Desahucios: cuando el propietario es la víctima

 Es habitual estos días ver en los medios de comunicación desahucios de viviendas propiedad de los  bancos. Son inquilinos que, perdido el trabajo y  carentes de otros recursos, son echados a la calle. Sin duda un drama, en que el poderoso aplasta al débil. Y, aunque suele ser lo habitual, en muchos otros casos, que no aparecen en los medios de comunicación, al que le toca sufrir es al propietario.

Esta semana cuando el cerrajero forzaba la entrada de un céntrico local de Granada ni sus dueños ni la comisión del Juzgado daban crédito a sus ojos. Una batalla parecía haberse librado allí. Esta cafetería bar había sido destrozada a conciencia por sus inquilinos, que se habían dedicado concienzudamente a desmontar el mostrador, arrancar el suelo, la instalación eléctrica y la fontanería. Aún colgaban de las paredes la tabla de precios de las raciones, y el inquilino en lo que parecía una broma macabra había dejado botellas de vino sin abrir. El propietario, mientras esquiva la basura en silencio, mientras su mujer llora sin parar. Ha acabado una pesadilla que ha durado más de un año, en la que el inquilino ha utilizado todos los recursos legales para mantenerse en el local y finalmente arruinarlo.  El cerrajero había asistido el día anterior a lanzamiento de un piso. En la puerta se habían agolpado un grupo de personas para protestar por lo que consideraban un injusto desahucio, y fue necesario que llegara la noche y se dispersara el grupo para que la policía pudiera desalojar a los inquilinos morosos.  La propietaria era una anciana que completaba su raquítica pensión, con las rentas que cobraba de ese piso.

 

 

 

 

Cuando el propietario es la víctima, es una  situación es más frecuente de lo que pueda imaginarse Inquilinos que no pagan y se mantienen largos periodos de tiempo y que acaban destrozándolo todo, y frente a ellos propietarios que no son entidades financieras o grandes corporaciones, sino que dependen de la renta para la propia subsistencia.

La ley concede recursos, obviamente, para solucionar esta problemática, pero son lentos y muchas veces ineficaces. El inquilino incumplidor se transforma en insolvente, por lo que una vez expulsado de la vivienda o local, buscará otra víctima con la que repetir el ciclo, y no pagará lo anterior. Frente a los daños causados a su vivienda o local, el propietario puede presentar denuncia penal, por daños, que se concreta en una multa de seis a veinticuatro meses, de escasa trascendencia frente a un insolvente. Esta situación no cuenta con la alarma social que, justificadamente, envuelve a los desahucios de vivienda, pero para sus afectados en muchos casos los sitúa en un drama que personal, al privarles de su única fuente de ingresos.